Print Friendly, PDF & Email

Tomado de jornada
Ernesto Martínez Elorriaga, corresponsal
Morelia, Mich. El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) que agrupa a más de 30 comunidades originarias demandó al gobierno estatal un alto a la represión y criminalización de los pueblos, además exigió la libertad a los presos de Caltzintzin y Aranterpacua, de lo contrario, advirtieron, iniciarán una serie de movilizaciones y cancelarán la instalación de casillas electorales en los próximos comicios de 2018, además de la expulsión de todos los partidos políticos.

A través de un comunicado firmado por autoridades comunales de Caltzontzin, San Felipe de los Herreros, Cocucho, Zirahuén, Pichátaro, Apo del Rosario, Santa Fe de la Laguna, Huecorio, San Ángel Zurumucapio, Zopoco, Carapan, Pamatácuaro, Sicuicho, Cuanajo, Sevina, Urapicho, Corupo, Jicalán, Rancho Seco, Tomendán y Tahuejo, indicaron que el asesinato de tres comuneros en la comunidad de Arantepacua el pasado 5 de abril “es un crimen de Estado, son ejecuciones extrajudiciales planeadas, supervisadas y ejecutadas por el Estado mexicano, en particular por el gobierno de Michoacán”.

Las fuerzas federales y estatales han detenido a más de 40 comuneros de Arantepacua de manera engañosa y arbitraria, “han allanado y saqueado casas en la comunidad sin ninguna orden judicial, golpeando a mujeres, ancianos y niños sin contemplación alguna. Para cubrir su crimen, han montado un escenario mediático en el que criminalizan a toda una comunidad e intentan dividir y hacer pelear a los pueblos originarios”.

Dijeron que el acoso a los pueblos indígena inició el 20 de noviembre del 2015 con la detención de un comunero de Santa Fe de la Laguna acusado falsamente de causar destrozos a un partido político; posteriormente el 17 de marzo del 2016 encarcelaron arbitrariamente a 12 comuneros de Capácuaro por manifestarse mediante una toma de carretera en su comunidad; luego el 24 de febrero del 2017 arrestaron arbitrariamente a 13 comuneros de Caltzontzin por defender su tierra comunal.

En tanto, la Procuraduría general de Justicia del Estado informó que las autoridades comunales les permitieron iniciar las primeras diligencias en Arantepacua, donde pudieron ver tres féretros, sin que les permitieran ver los cuerpos, y les informaron que un comunero se encuentra hospitalizado en Zamora. Los acompañó personal de la Comisión estatal de Derechos Humanos. También señalaron que 38 comuneros fueron consignados y trasladado al penal de Mil Cumbres por delitos de robo y obstrucción de las vías de comunicación.

Tags:
About Author: asbaeza