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Por José A. Delgado

Carlos Alberto Torres. (Foto de 1976)En cualquier momento a partir de esta semana, una junta federal puede decidir si le otorga el beneficio de libertad en probatoria al prisionero político puertorriqueño Carlos Alberto Torres, quien en abril cumple 30 años de cárcel.

“No hay una fecha precisa para tomar la decisión”, advirtió su abogada, Jan Susler. Pero es un hecho que en un corto plazo, Torres, de 57 años, conocerá la suerte de la segunda petición que hace en 15 años para quedar en libertad. La primera le fue denegada.

Hace un año, cuando estaba a sólo una semana de iniciar el nuevo proceso ante la Junta federal de Libertad Bajo Palabra, las autoridades de la cárcel federal de Pekin (Illinois) le acusaron de tener tres “figas” en su celda.

Uno de los reos que comparte celda con Torres -quien cumple una sentencia de 70 años de cárcel tras ser hallado culpable de conspiración sediciosa por su vinculación con el grupo clandestino Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN)- aceptó que las “figas” eran suyas.

En su momento, el cargo le fue retirado, pero se lo volvieron a reinstalar y como parte del proceso de solicitud de libertad condicional ha tenido que defenderse otra vez de esa imputación, a pesar de que el dueño de las armas emitió una declaración jurada y ha eximido de culpa a sus compañeros de celda.

Pese a la presión del Negociado de Prisiones, la oficial examinadora del caso ha recomendado que se le permita a Torres salir en libertad en julio. Pero la decisión ha quedado en manos de los comisionados que integran la junta federal. “Tenemos un moderado optimismo”, indicó el presidente del Comité Pro Derechos Humanos en Puerto Rico, Eduardo Villanueva, quien fue presidente del Colegio de Abogados.

“Ningún prisionero político puertorriqueño ha cumplido más cárcel que él”, dijo Susler, al indicar que el Negociado de Prisiones intenta “sabotear el proceso”. Además del caso sobre las “figas”, han clasificado a Torres, por vez primera, como “una amenaza a la seguridad” y le revisan las cartas que recibe en español, incluidas las de sus abogados, entre otras medidas.

Otro prisionero político boricua, Oscar López, también vinculado a las FALN, cumple este semestre 29 años de cárcel, la misma cantidad de años que estuvo en prisión el nacionalista Oscar Collazo por el ataque a tiros de 1950 a la Casa Blair, donde se encontraba el presidente Harry Truman.

Apoyo internacional

Villanueva sostuvo que la Junta federal de Libertad Bajo Palabra seguramente nunca se ha enfrentado a una petición de libertad a prueba con más apoyo de una sociedad, incluidos líderes políticos de las tres ideologías y de organizaciones religiosas de la Isla. “Más de diez municipios han aprobado resoluciones para que se excarcele a Carlos Alberto y a Oscar”, agregó.

También se han enviado peticiones internacionales a favor de la excarcelación de Torres, incluso desde México.

López no ha querido iniciar un proceso para reclamar su libertad a prueba tras conocer la experiencia pasada de otros prisioneros y por no querer obtener ningún privilegio mientras Torres siga encarcelado.

El otro prisionero político puertorriqueño en cárceles estadounidenses, Avelino González Claudio, se declaró recientemente culpable de dos cargos referentes al robo de $7 millones en contra de la empresa Wells Fargo, en Hartford (Connecticut), ocurrido el 12 de septiembre de 1983 y cuya autoría fue reclamada por Los Macheteros.

(Con información de El Nuevo Día, Puerto Rico)

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