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Convocado por organizaciones de defensa de los derechos humanos y movimientos colombianos, y con el apoyo del grupo Izquierda Unitaria-Izquierda Verde del Europarlamento, el tribunal sesionó durante tres días bajo la presidencia del sacerdote católico belga Francois Houtart.

Un Tribunal Internacional de Opinión sesionó simbólicamente este miércoles en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, donde acusó al gobierno colombiano de violaciones de los derechos humanos y denunció a responsables europeos por su “apoyo político y moral” al mandatario Álvaro Uribe.

Trabajadores campesinos y víctimas de la situación colombiana expusieron sus vivencias ante este tribunal, donde torturas y desapariciones fueron las principales denuncias, que apuntan al presidente Uribe, cuando era gobernador del nororiental departamento de Antioquia.

Convocado por organizaciones de defensa de los derechos humanos y movimientos colombianos, y con el apoyo del grupo Izquierda Unitaria-Izquierda Verde del Europarlamento, el tribunal sesionó durante tres días bajo la presidencia del sacerdote católico belga Francois Houtart.

Este tribunal presentó una declaración final tras escuchar durante dos días testimonios de decenas de personas en los que se denuncian ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones, entre otros delitos.

En las sesiones se presentó “documentación que trae pruebas contundentes de que el Estado colombiano ha estado involucrado en crímenes de lesa humanidad”, como “casos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado y tortura”, según la coordinadora del tribunal, Lilia Solano.

Al ser consultada sobre casos concretos en los que se involucra al presidente Uribe, Solano mencionó la denominada “Masacre de El Aro”, ocurrida en 1997 en la región de Antioquia, gobernada en ese entonces por el actual jefe de Estado colombiano.

En esa masacre, “paramilitares entraron a un pueblo, cortaron las cabezas de las personas y jugaron al fútbol” con ellas, antes de visitar a Uribe en la gobernación de Antioquia para informarle sobre el hecho y recibir su felicitación, según confesó un miembro de ese grupo, explicó Solano.

Por su parte el senador colombiano Alexánder López expresó las denuncias se deben a “la constante violación de derechos humanos que se presenta en Colombia, generada no solamente por los grupos al margen de la ley, como los paramilitares, sino también por el Gobierno, por el Estado colombiano, especialmente por la fuerza pública, y por funcionarios que hacen parte del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez”.

Houtart: Colombia empeora

El presidente del tribunal internacional de opinión, Francois Houtart, aseguró que en los últimos años la situación de los derechos humanos en Colombia “lejos de mejorar, ha empeorado”.

Houtart criticó el papel de las multinacionales europeas en Colombia y la actitud de los gobiernos de la Unión Europea (UE), a los que consideró “responsables” de la situación por su apoyo a estas compañías y al gobierno de Uribe.

“Con los eventos de los últimos meses se ha dado una imagen de Colombia, donde el gobierno de Álvaro Uribe aparece no solamente como democrático, sino como los que han liberado a algunos rehenes como Ingrid Betancourt, y no se conoce y se olvida toda la otra cara de la realidad”, agregó Houtart.

El Tribunal que sesionó en Bruselas se sitúa en la línea de otros similares organizados en Bogotá desde 2006, que han analizado distintas denuncias por violaciones de los derechos humanos contra el Estado colombiano.

Las organizaciones de víctimas en Colombia apelaron al poder moral de este tribunal para llamar la atención de la comunidad internacional en torno a la situación en el país andino.

Europa corresponsable

En su fallo, el Tribunal denunció a los países e instituciones de Europa como corresponsables de las violaciones de los derechos humanos en Colombia.

“Estamos seguros de que los países europeos no quieren respaldar violaciones a los derechos humanos, no quieren respaldar la ausencia de democracia que hay en Colombia y, muchos menos, el descuido del medio ambiente por parte de muchas de las empresas que operan en Colombia”, dijo la coordinadora Lilia Solano.

Recordó que las empresas multinacionales europeas están “implicadas en el desplazamiento masivo de personas de sus tierras” para explotar los recursos naturales.

El tribunal sentenció que varias de estas compañías, entre las que cita específicamente a la británica British Petroleum, son responsables de “colaborar con grupos paramilitares”, a los que supuestamente recurren para garantizar su seguridad.

En este sentido, la declaración final de la corte destaca el “empeoramiento” de la situación de los derechos humanos en los últimos años y la “impunidad casi completa de los responsables” de delitos como asesinatos, torturas y desapariciones.

Además de denunciar la venta de armas al Ejército colombiano por parte de países europeos como España, Francia y el Reino Unido, el tribunal criticó algunas políticas de la UE que considera nocivas para la mayoría del pueblo colombiano.

Entre ellas, el presidente del tribunal citó el objetivo comunitario de impulsar los agrocombustibles, que “favorece los monocultivos y perjudica a los campesinos”, y los proyectos financiados por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que según Houtart no tienen en cuenta “suficientemente el respeto a las normas medioambientales y sociales”.

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