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7 de diciembre de 2011
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) condena el secuestro de José Trinidad de la Cruz Crisóstomo, ocurrida el martes 6 de diciembre a las afueras de Santa María Ostula, Michoacán, a manos de un grupo de personas armadas que detuvieron ilegalmente a cerca de una veintena de integrantes de la Caravana del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) cuando ingresaban al citado poblado, lo que culminó en el secuestro.
José Trinidad de la Cruz Crisóstomo, conocido como Trino, es un indígena nahua y uno de los principales defensores del derecho al reconocimiento de las tierras de la comunidad de Santa María Ostula y de los derechos políticos de la misma, acción por la cual él y diversos líderes han recibido agresiones y amenazas desde hace tiempo, entre ellas el asesinato de Pedro Leyva Domínguez.
De acuerdo con defensores de derechos humanos entrevistados por la CDHDF, hace una semana autoridades civiles de Santa María Ostula, entre los que se encontraba Trino, firmaron un acuerdo para la seguridad pública de la comunidad, que involucraba a autoridades federales, estatales y municipales.
Según la información proporcionada, el incumplimiento a dichos acuerdos por parte de las autoridades federales derivó en la agresión hacia la Caravana del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y en el secuestro de José Trinidad de la Cruz Crisóstomo.
En particular dos hechos documentan este incumplimiento, según los defensores de derechos humanos entrevistados: la negligencia de la Secretaría de Marina de mover el retén con el que contaban al sitio convenido y por otro lado el abandono del operativo por parte de la Policía Federal, que había acompañado a la Caravana, cuando ésta se internó en Santa María Ostula.
Cabe recordar que la comunidad de Santa María Ostula cuenta con medidas precautorias por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la desaparición de otros tres comuneros en 2010.
La CDHDF emitió medidas precautorias para la comunidad el pasado 7 de octubre cuando ocurrió el asesinato de Pedro Leyva Domínguez, dirigidas a las autoridades del estado de Michoacán, en función de lo cual realizará un alcance ante los nuevos hechos.
La CDHDF exige a las autoridades, tanto del orden federal como estatal, a cumplir de forma diligente los acuerdos adquiridos recientemente en materia de seguridad para la comunidad de Santa María Ostula, dado que las negligencias constituyen un acto de aquiescencia que está sancionado para casos como los de desaparición forzada por parte del derecho internacional de derechos humanos.

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