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El gobierno de Irak anunció este viernes que iniciará acciones legales contra la extinta empresa estadounidense de mercenarios Blackwater, un día después de que un juez federal del país norteamericano rechazara los cargos contra cinco vigilantes de esa corporación, acusados de ser los autores de la masacre de 17 personas en septiembre de 2007 en la capital iraquí, Bagdad.
«El gobierno iraquí comenzó a tomar las medidas necesarias para querellarse contra Blackwater por el asesinato de 17 ciudadanos iraquíes el 16 septiembre de 2007» en Bagdad, anunció el portavoz del gobierno, Alí Dabagh en un comunicado.

El jueves, el juez estadounidense Ricardo Urbina desestimó los cargos presentados contra los mercenarios por haber disparado contra civiles iraquíes al considerar que se usaron sus testimonios de forma irregular.

En el fallo de 90 páginas, Urbina argumenta que el Gobierno de Estados Unidos violentó los derechos de los mercenarios cuando usó las declaraciones de los imputados, a quienes previamente se les había otorgado el beneficio de la impunidad, para adelantar las investigaciones.

La determinación judicial se produce luego de una serie de audiencias en las que se debatió si los federales habían usado de manera impropia los testimonios que los mercenarios dieron a los investigadores de la cancillería estadounidense después de la masacre del 16 de septiembre de 2007.

Ante esto, la ministra iraquí de Derechos Humanos, Wejdane Mijail, declaró que el gobierno de Bagdad manifestaba su indignación por el sobreseimiento de la causa.

«La decisión me dejó verdaderamente estupefacta, y estoy esperando una copia de la decisión del juez a través de la embajada norteamericana», afirmó.

«Lo que pasó es muy malo porque murieron muchas personas inocentes,  jóvenes, estudiantes, asesinados por una persona a la que le gustaba disparar contra gente no armada (…) Hay tanto trabajo, de hecho, para llevar a esta gente ante la justicia, no comprendo la decisión del juez», añadió.

Blackwater Worldwide, es el anterior nombre de la actual Xe y durante años contrató y suministró personal paramilitar para labores de seguridad a convoyes, edificios, instalaciones militares y funcionarios de diversos gobiernos, en áreas consideradas peligrosas porque las  tropas estadounidenses estaban en guerra.

Los cinco mercenarios que ahora gozan de libertad plena responden a los nombres de Paul Slough, Nicholas Slatten, Evan Liberty, Dustin Heard y Donald Ball, y habían sido sindicados por el homicidio de 17 civiles desarmados y las heridas sufridas por otras 20 personas.

En su acusación, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (EE.UU.) había detallado que los paramilitares de Blackwater se trasladaban en un convoy cuando atacaron sin razón alguna a civiles iraquíes que se encontraban en la Plaza Nisoor, cerca del centro de la capital iraquí.

Uno de los vigilantes, Jeremy P. Ridgeway  se declaró culpable y se espera que testifique en contra de los otros.

Luego del incidente, Blackwater cambió su nombre a Xe.  Su contrato era directamente con el Departamento de Estado de EE.UU.

Pero es que Bagdad llevó a cabo su propia investigación sobre el caso, que reveló que los guardias «utilizaron las armas cuando no había ninguna amenaza que requiera usar la fuerza».

Blackwater siempre se defendió alegando legítima defensa.
El gobierno retiró enseguida la licencia de explotación a Blackwater, la mayor empresa de seguridad privada de las utilizadas por Estados Unidos en Irak y cuyos contratos ascendían a millones de dólares cada año.

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