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Ángel Guerra Cabrera

Al cumplirse 10 años del encarcelamiento en Estados Unidos de los cinco jóvenes antiterroristas cubanos resulta útil hacer una breve recapitulación. Es fácil comprender que Cuba, en un acto de legítima defensa, necesita de ojos y oídos en Miami por un imperativo de seguridad nacional, toda vez que allí se encuentra la guarida de los grupos terroristas que la han agredido por décadas con la absoluta tolerancia y estímulo de la potencia autoproclamada campeona de la
lucha contra ese flagelo.

En junio de 1998, La Habana entregó oficialmente a solicitud de Washington abultadas pruebas sobre los trajines de esos grupos con las que la FBI reconoció sentirse impresionado. Tanto, que lejos de utilizarlas para prevenirlos, tres meses más tarde detenía y enjuiciaba en la ciudad floridana a los integrantes de la red cubana generadora de la información. Mientras, sus agentes se derretían en zalamerías con los personeros principales de la violencia contra Cuba.
La ausencia de ética exhibida por el imperio en estos hechos es difícilmente superable en la historia de las relaciones entre Estados, por más adversarios que sean.

Lo que siguió fue un juicio en el que se vulneraron groseramente las disposiciones constitucionales y legales estadounidenses que regulan el derecho al “debido proceso”. No se aceptó por el tribunal la solicitud de cambio de sede presentada por la defensa, basada en amplia jurisprudencia y plenamente justificada, pues se sabe que Miami es el lugar menos indicado para ventilar imparcialmente algún asunto relacionado con Cuba. Así lo confirmaría el proceso, realizado en un ambiente de histeria anticubana amplificado por la prensa local controlada por la contrarrevolución. Fue seleccionado un jurado de incondicionales del gobierno y así y todo alguno de sus miembros admitió haber recibido presiones para votar por la petición fiscal. Se redujo a casi nada la comunicación entre los cinco y sus abogados, que, además, no tuvieron acceso al grueso de los documentos por ser “clasificados”. Las penas impuestas no guardan proporción con los delitos imputados y nunca probados. Salvo los cargos –menores en la legislación estadunidense– de actuar como agentes extranjeros y utilizar documentos falsos, que los acusados admitieron desde un inicio, la fiscalía vio cómo su caso era demolido por las pruebas y los testimonios que presentó la defensa, incluyendo el del general jefe de la inteligencia militar estadounidense hasta unos meses antes, quien reconoció que en el expediente no existía evidencia de que la actividad de los cubanos hubiese implicado riesgo alguno para la seguridad nacional de Estados Unidos. A lo largo del juicio y las ulteriores vistas de apelación ha quedado claro que su accionar se limitó a infiltrar a la contrarrevolución emigrada e informar a Cuba sobre sus planes terroristas, sólidamente justificada por la “defensa de necesidad”, principio consagrado en la propia doctrina jurídica estadounidense que establece el derecho a violar la ley cuando el daño que se va a impedir es mayor que el derivado de su incumplimiento. Aun aceptando, sin conceder, que en este caso fuese delito no registrarse como agentes extranjeros, la sanción que correspondería es un lustro de cárcel, ya cumplida doblemente por los cinco.

Estos hombres han resistido estoicamente presiones y ofertas para doblarlos, largos meses de confinamiento solitario, impedimento de visitas familiares, negativa de visa a dos de las esposas porque supuestamente constituyen un “peligro para la seguridad nacional” de la potencia. Son cinco luceros refulgentes en el corazón del pueblo de Cuba que han recibido una cálida y creciente solidaridad internacional.

Nada justifica que permanezcan un día más en prisión, pero la única forma de lograr su libertad es haciendo que esta injusticia sea conocida y rechazada por muchos más en el mundo, principalmente en Estados Unidos, donde los medios le han tendido una espesa cortina de silencio.

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